Estabilidad precaria
Una lectura ligera del contexto nacional sugeriría que, luego de aplacada la protesta social por agotamiento, muerte, o emergencia climática, el gobierno de Boluarte – Otarola se ha consolidado. Efectivamente, ya no tiene decenas de miles de peruanas y peruanos movilizados exigiendo adelanto de elecciones y rechazo al gobierno y al congreso. Aunque las encuestas y numerosos pronunciamientos muestran que el rechazo a la gestión de Boluarte y su gobierno y al Congreso siguen creciendo, ya no hay acción colectiva, manifestaciones, tomas de carreteras. El gobierno parece pues haberse consolidado y la presidenta, el premier y los ministros empiezan a hacer planes y mirar al 2026.
Lo mismo ocurre con los congresistas, escondidos durante la crisis detrás de la presidenta, ahora se acomodan en sus curules. Se pasaron tres meses discutiendo proyectos de ley de adelanto de elecciones e inventando argumentos para que cada bancada, luego de manifestarse a favor del adelanto, bloqueara la conformación de una mayoría que permitiera concretar la exigencia de la sociedad de elecciones adelantadas. Pero hoy todos tienen planes hasta el 2026, aunque su aprobación en las encuestas sea de un dígito.
Y, sin embargo, son un gobierno y un legislativo precarios. Hay dos acepciones del término precario. Una se refiere a una situación poco estable, poco durable. Otra, se refiere a disfrutar de algo sin el derecho de hacerlo.
Si bien es cierto que la situación del gobierno se muestra por el momento durable, tiene una alta precariedad por dos razones. Una es que se basa en acuerdos frágiles y volátiles entre diversas fracciones de la derecha política que no terminan de cuajar un acuerdo estratégico sobre cómo manejar el país y, sobre todo, sobre quién debe hacerlo. La otra es para la población, se parecen más a inquilinos precarios del poder, que ocupan sus cargos sin derechos legítimos, reconocidos por el titular del poder en democracia: el pueblo. Mas allá de la estabilidad que han logrado, gobierno y congreso son precarios porque son ilegítimos.
Esta situación podría cambiar si el gobierno mejorara su relación con la población esforzándose por desarrollar una alta eficacia gubernativa. Su oportunidad ha sido (sigue siendo) la emergencia climática. Una buena atención a la población en emergencia y una propuesta inteligente e innovadora que reemplace los sistemas altamente ineficaces de reconstrucción que han dejado al país, tras el último Niño Costero hace seis años, sin activos para la prevención de desastres, hubiera mejorado su posición pues hubiese recuperado algo de legitimidad. Pero no hay ni uno ni otro y más bien lo que hay es abandono de la población afectada y más de lo mismo, de lo que no funcionó para la reconstrucción del terremoto de Pisco o del Niño Costero del 2017, pero con otro nombre.
La presidenta, en plenas lluvias, inundaciones, huaycos y desagües colmatados, sale a decir (¡en el inicio del año!!!) que no hay plata para atender los desastres. La población de Piura, una de las regiones más afectadas y peor atendidas, tuvo que realizar un paro, masivo, para llamar la atención del gobierno a su situación.
Si algo resulta incomprensible es, si no saben qué hacer con el gobierno, por qué se niegan a devolver a la población la posibilidad de volver a elegir. Para abundar en el tema, los congresistas siguen mostrando oportunismo y avanzan en liquidar las instituciones autónomas, de garantía de elecciones limpias y de derechos, para desmantelar reformas o para ganarse alguito más robándole parte de su sueldo a sus asesores. Una alianza precaria, entre un gobierno ineficiente y sin bancada y un congreso sin aceptación popular, con el único soporte de las fuerzas armadas, la derecha tan recalcitrante como fraccionada y un empresariado dubitativo, no parecen ser garantía de estabilidad democrática.
Los recientes cambios ministeriales eran también una oportunidad para legitimarse. Pero si bien el gobierno saca del gabinete a un ministro como Becerra que había dicho que las mujeres indígenas en las movilizaciones trataban a sus hijos peor que animales y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era un adefesio y que en los hechos ha liquidado al Consejo Nacional de Educación, nombra en su remplazo a una funcionaria que no anuncia ninguna rectifcacion de las barbaridades dichas y hechas por el adefesio saliente.
Además -después de ser cuadrada públicamente por Fuerza Popular- saca también del gabinete a un ministro de justicia que, en claro gesto de apoyo a la lucha contra el lavado de activos, participó públicamente de la rueda de prensa en la que se presentó el avance en las investigación e incautación de bienes vinculados a Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular y mano derecha de Keiko Fujimori. Y para empeorarlo todo, lo reemplaza por un personaje vinculado a los “cuellos blancos”, el caso más claro de corrupción de la justicia peruana. “Solo jugábamos futbol” ha dicho sobre su relación con el prófugo Hinostroza.
El frente interno muestra así una precariedad manejada, pero el frente externo es crecientemente crítico. El informe de Human Right Watch, “Deterioro Letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, es contundente en demostrar que las fuerzas del orden cometieron ejecuciones extrajudiciales al dispar a una población que protestaba, causando la muerte por heridas de bala para obligarla a desmovilizarse. El informe señala que la indolencia del Estado frente a estos actos muestra complicidad. Y si bien Human Rights Wacht es una institución confiable, reconocida, pero privada, la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha sostenido exactamente lo mismo. Así, son muchas las instituciones internacionales que piden, a gritos, investigación y sanción a los responsables de los asesinatos, al tiempo que la fiscal de la nación debilita las fiscalías especializadas en derechos humanos.
El gobierno de los Estados Unidos, más bien, ha dado un espaldarazo al gobierno de Boluarte al entregar al prisionero ex presidente Toledo hoy detenido en el penal de Barbadillo junto a otros dos ex presidentes, Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Si bien la prisión de Toledo abonaría en contra de la impunidad, un buen mensaje para un país abrumado por la corrupción, el espectáculo de tres personas que concentraron expectativas de la población en la cárcel (y otras dos en cola parta entrar) deteriora la confianza de la población en la democracia y sus instituciones.
Finalmente, hay que decir que esta aparente estabilidad es posible por la ausencia de una oposición fuerte, de centro o de izquierda democrática, que le plantee al país salidas políticas inmediatas y un proyecto de mediano y largo plazo que entusiasme a la ciudadanía, que permita ver una luz al final de túnel. La ausencia de opción impide remontar la actual situación de la sociedad misma, en la que prima la desconfianza en los lazos colectivos y en las organizaciones, que no sean las que se fundan en un conocimiento directo, cara a cara, como las comunidades campesinas. Esta debilidad de las organizaciones de la sociedad para tejer vínculos, su fragmentación y desconfianza horizontal junto con la ausencia de un proyecto político que las articule y las integre, ha sido probablemente la limitación principal de la ola de protestas de diciembre a febrero último. Cómo reconstruir tejidos sociales, cómo generar nuevos agrupamientos y nuevas certezas sobre el valor de la política como gestión del bien común, son desafíos que todavía el Perú no encuentra las pistas para enfrentar.
