La pequeña producción agrícola y la deforestación. Afirmar la primera sin causar la segunda.
En diciembre 2023 el Congreso de la República aprobó por insistencia la Ley 31973, que modifica la Ley 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la misma que ha sido fuertemente criticada por líderes de organizaciones nativas, estudiosos de la Amazonía y organizaciones ambientalistas, señalando que la norma producirá los efectos contrarios que se propone y regularizará las invasiones y las deforestaciones ilegales. Los beneficios serán sólo para unos pocos en menoscabo de la sostenibilidad de la Amazonía y en contra de los derechos de los pueblos indígenas, incentivando actividades ilícitas. Incluso organizaciones como el PNUD, Profonanpe y la Defensoría del Pueblo se han pronunciado en contra de la mencionada Ley porque vulnera compromisos bilaterales e internacionales que nuestro país se había comprometido a cumplir anteriormente. [1]
La norma aprobada modifica tres aspectos: la exclusión del Ministerio del Ambiente (MINAM) en procesos que le conciernen en materia forestal transfiriendo al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la eliminación del procedimiento de Autorizaciones de Cambio de Uso en áreas privadas y la suspensión de la zonificación forestal. Reflejando un cambio de prioridades respecto al territorio, de sostenibilidad ambiental a uso productivo.
El Ejecutivo expresó su preocupación y observó esta norma porque “podría originar una mayor afectación sobre los bosques de la Amazonía, siendo que el proceso de formalización y titulación de predios rústicos, así como el otorgamiento de constancias de posesión, debe desarrollarse con posterioridad al proceso técnico del CTCUM (Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor)”.
CEPES advierte, que la norma puede empeorar la tendencia a la deforestación, estimular las actividades delictivas y la conflictividad, vulnerar los derechos de pueblos indígenas y poner en alto riesgo las exportaciones de productos como el café y cacao. [2]
Coincidiendo con Puelles de CooperAcción, que reconoce el riesgo para los bosques en la Amazonia y no garantiza la cobertura arbórea de las áreas de producción agropecuaria. La norma en cuestión legaliza el cambio de uso de suelo a partir de la clasificación en capacidades de uso mayor. [3]
La primera disposición complementaria suspende la exigencia de zonificación forestal para conceder títulos a posesionarios. Marc Dourojeanni, propone que se debería cumplir previamente con garantías que eviten la estimulación de la deforestación y entre ellas: (i) los beneficiarios deben demostrar con pruebas la posesión de esa tierra por un número mínimo de años; (ii) no titular o excluir tierras que son de protección forestal; (iii) no titular sobre tierras en litigio o superpuestas, en especial con relación a reclamos de tierra indígenas; (iv) dar prioridad al reconocimiento de los agricultores con menos de cien hectáreas, pues ellos son los que más deforestan; (v) no titular a quienes cultivan o tienen antecedentes de cultivos ilícitos, además de demostrar no estar o no haber estado asociados al narcotráfico, y (vi) no titular en áreas deforestadas después de la promulgación de la ley. Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones está en la norma. [4]
De acuerdo a lo informado por el proyecto Prevenir de USAID, el estudio realizado por Global Forest Watch y la Universidad de Maryland (2022), hemos perdido alrededor de 162 mil hectáreas de bosques primarios, principalmente por la expansión de la agricultura y la ganadería migratoria, la construcción de infraestructura pública ausente de una planificación idónea y finalmente por la tala y la minería ilegales, [5]
No hay duda que la Ley 29763 de Forestal y Fauna requería de ajustes y normas complementarias para su perfeccionamiento, mejorando el vetusto reglamento de la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor, aclarando la confusa superposición de funciones de las entidades estatales (gobierno central y gobiernos regionales) que intervienen, superando la falta de una visión de conjunto del complejo contexto amazónico donde existen interacciones entre los sistemas forestales y agropecuarios, territorios heterogéneos ricos en biodiversidad y con la intervención de múltiples elementos. Pero, lamentablemente, las modificaciones aprobadas no responden a esa necesidad, y más bien debilitan la norma en su conjunto.
La política pública debería garantizar los mecanismos necesarios para alcanzar la sostenibilidad de los bosques, complementando una segura conservación y un manejo sostenido, porque nos proveen de múltiples servicios ecosistémicos. Con todas las complejidades que significa, se deberían identificar áreas de conservación señalando claramente que constituyen fronteras donde no se puede y no se debe intervenir. La realidad nos muestra que actualmente las áreas deforestadas son tan grandes y muy superiores a la demanda histórica de tierras en estos territorios. En cambio, la norma aprobada, más bien suministra elementos para ampliar las áreas deforestadas.
Algunos de los servicios ecosistémicos que nos brinda el bosque natural es su enorme contribución e influencia en la mitigación de los efectos del cambio climático en relación con: la captura de hasta 16 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) anualmente, favorece la disponibilidad de agua dulce, y la evaporación de los bosques permite tener lluvias en los andes. Las características que conocíamos del ciclo hidrológico se han modificado drásticamente y ahora son menos previsibles; con lluvias intensas en periodos cortos y sequías más frecuentes; incluso en territorios cómo el amazónico, donde siempre había abundancia de agua, en los últimos años experimenta sequías. Además, la ciencia estima que la deforestación del 20% de la Amazonía podría llevarla más allá de un punto de inflexión, desencadenando una muerte regresiva a gran escala que liberaría más de 90 mil millones de toneladas de CO2 a la atmósfera (aproximadamente 2.5 veces más que las emisiones anuales mundiales de combustibles fósiles). [6]
Schöngart, del Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas (INPA), advierte que estamos viviendo enormes cambios en el ciclo hidrológico, la cuenca del Amazonas experimenta contrastes entre largas temporadas de sequías e inundaciones, además de temperaturas de hasta 6°C por encima de lo normal. La probabilidad de que estos cambios se intensifiquen es muy alta, en la medida que el clima global se calienta, agravando la alta vulnerabilidad de los medios de vida de las poblaciones no solo del territorio amazónico sino del resto del planeta. Los bosques de la cuenca del Amazonas están amenazados, así como la gran biodiversidad que alberga y sus aportes al clima global. [7]
Por otro lado, se debe garantizar la sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios de poblaciones que migran, muy vinculadas a sus medios de vida; en su gran mayoría sistemas familiares con precaria productividad y no siempre en suelos aptos para cultivos permanentes. Si en lugares cercanos a las capitales es evidente la ausencia del estado, en los territorios amazónicos es aún más significativo. Los servicios de asistencia técnica, créditos, provisión de activos familiares o infraestructura están ausentes. Sin embargo, en este campo se pueden rescatar experiencias de producción de café y cacao, que cumplen con buenas prácticas agroforestales en zonas de selva alta y selva baja, con una producción en cantidad y calidad que permite acceder de manera ventajosa en los mercados competitivos.
Tal es así que productores de San Ignacio y Jaen en Cajamarca o Quillabamba en Cusco vienen ganando año a año la competencia de Taza de Excelencia Perú, evento promovido por la Central Café & Cacao del Perú, bajo la licencia y protocolos de la Alliance for Coffee Excellence (ACE). Es la competencia aplica altos estándares en el proceso de evaluación de los cafés con jueces internacionales y también peruanos. Las personas que ganan la competencia participan en una subasta electrónica con compradores internacionales llegando a pagar hasta 40 mil soles el quintal por microlotes y alcanzando hasta 92.28 puntos (el mínimo es de 87 puntos para ingresar a la competencia) logrando profesionalizar la gestión en la cadena de valor del café. Lo qué demuestra que se puede generar rentabilidad con buenas prácticas y protección forestal. [8]
Las proyecciones de exportación de cafés especiales para el 2024, se proyecta en 15%, llegando a los casi 400 mil quintales, cifra que representa el 5% de todo el café peruano que se exporta, pero hay una diferencia de precio del 100% respecto que los cafés convencionales (US$ 150 – 160/q versus US$ 300/q de café especial, según la NYSE).
Las proyecciones para el 2044 desde Fundes, es llegar al 20% de cafés especiales del total que exportamos como país. Para llegar a eso se requiere de programas de: asesoría técnica, certificaciones, reforestación y sistemas agroforestales de producción en las fincas, además de créditos y un acompañamiento en la promoción comercial. [9]
Asimismo, algunos gobiernos regionales implementan programas y eventos para incentivar el escalamiento en la cadena de valor. El Gobierno Regional de Cajamarca por ejemplo organiza un concurso regional premiando a los finalistas. En la gestión pasada, el Gobierno Regional de San Martín implementó un programa de incentivos para familias y comunidades comprometidas con la reforestación, distribuyendo plantones de especies forestales, promoviendo la agroforestería alrededor de las fincas de café y cacao.
Según todo lo mencionado, es lamentable el accionar de una mayoría de congresistas haciendo oídos sordos y cerrando los ojos ante una realidad crítica y de alta vulnerabilidad, “favoreciendo con la aprobación de estas normas” intereses particulares especialmente de pequeños grupos vinculados con la ilegalidad e impunidad, que perjudican no solo a las poblaciones indígenas que habitan en la Amazonía, sino a la población peruana que sufre cada vez con mayor dureza los efectos del cambio climático, e inclusive afecta al planeta porque somos parte importante de la reserva forestal amazónica y mundial que captura carbono y previene el aceleramiento del calentamiento global.