Los desafíos de la democracia para la izquierda peruana

Creciéntemente hemos aceptado que la democracia se reduce a un conjunto de mecanismos formales; una lista de procedimientos cuyo cumplimiento permitiría “constatar” que existe “democracia”. Así, toda la discusión sobre “reformas” se reduce a cambios en procedimientos, como si mágicamente, una forma de elegir pudiera resolver las crisis de representación y legitimidad de las autoridades electas en el país. Simultáneamente a esta reducción, hemos ido dejando de lado la discusión de otros aspectos esenciales de la democracia, y que precisamente son el sustento de sus procedimientos.

Uno que es central, es la cuestión de la igualdad. Si las y los ciudadanos no son iguales, es decir, si el poder no se reparte de manera absolutamente equitativa entre todas y todos los ciudadanos que emiten un voto, los procedimientos formales resultan vacíos. Las personas en el país que se movilizaron contra la vacancia y prisión de Pedro Castillo sienten que su voto, producido en estricto cumplimiento de los procedimientos formales de la democracia, vale menos que el de otros sectores sociales, porque ellos y su presidente comparten rasgos sociológicos despreciados por las élites capitalinas, urbanas y criollas. Carlos Iván Degregori llamó a estas diferencias los “hondos y mortales desencuentros” y encontraba en su subsistencia el origen de la amenaza más fuerte que había sufrido la democracia en Perú: el terrorismo. La pregunta, válida, es si las características de las instituciones de la democracia en el país, del régimen político y de su funcionamiento, están afectadas por la persistencia de profundas desigualdades.

Pero no sólo las instituciones de la democracia (procesos electorales, autoridades electorales, sistemas de inscripción, vigencia de partidos, equilibrio de poderes, etc.) se pueden ver afectadas (disminuidas en su calidad) por desigualdades persistentes de carácter étnico, territorial, clasista o de género. También afectan al Estado como aparato burocrático que establece relaciones diferenciadas con las y los ciudadanos, el poder judicial y hasta las “fuerzas del orden”.

Como la igualdad, hay varios principios en los que se sustenta la formalidad de los procedimientos democráticos. La alternancia, por ejemplo: el periodo para el cual es elegido un gobernante es claramente definido, se respeta y termina sin lugar a dudas para que otro, eventualmente un adversario, gobierne. Si siempre gana un sector y excluye a otros, éstos van a patear el tablero, es decir, buscarán que sus agendas se desarrollen por fuera de los procedimientos formales de la democracia. Eso fue lo que sucedió la mayor parte del siglo XX, cuando un movimiento político con un programa de reformas era elegido, la oligarquía movilizaba a los militares para un golpe de estado. Finalmente, las reformas que liquidaron el antiguo régimen las hicieron unos militares diferentes. Sin embargo, nuevas exclusiones podrían estar diseñándose y el uso de apelativos como “comunistas” o “terroristas” (sin que medie una tipificación de delito y una sanción por un juez) abundarían en esa línea.

La cuestión de la inclusión (que nadie quede excluido) es fundamental. La construcción de una Europa más igualitaria se produjo cuando partidos de los trabajadores (PCs, PSs) acceden al sistema político institucional y desde allí presionaron por medidas redistributivas y derechos sociales, lo que colaboró a fortalecer su democracia. Y su economía.

O’Donnell agregaba a la lista de aspectos involucrados en la democracia su utilidad para todas y todos los ciudadanos. La cuestión de la eficacia del gobierno democrático sugiere que su función principal es corregir las desigualdades que produce el mercado, equilibrar las condiciones de todas y todos y llevar servicios de igual calidad a todo el territorio, de manera que la ciudadanía en su conjunto se beneficie equitativamente por el gobierno resultante de los procedimientos democráticos. El abandono sistemático de sectores sociales o de territorios, desapega a las personas de un compromiso democrático y generaliza la idea de que el gobierno nacido de procedimientos democráticos es útil sólo para algunos (los que tienen poder, los que están en las ciudades, los que tienen dinero…). Sobre la eficacia habría que recordar que las reformas en un sentido igualitario más importantes en el país las han realizado los Ejecutivos, nunca los Congresos, la expresión de la democracia por excelencia, y cuando las elaboran éstos (la descentralización es el mejor ejemplo), han sido un fracaso.

Finalmente (la discusión podría abrir más aspectos), la democracia -procedimental funciona por representación. El conjunto de procedimientos requiere que los partidos políticos, actores centrales de la democracia, representen los diferentes intereses articulados de la sociedad: si aquellos no están representados ante el sistema político que toma decisiones sobre la orientación de lo público, se expresarán por fuera. La duda se presenta cuando, desde finales del siglo XX, en el contexto de hegemonía neoliberal, los grandes actores sociales se diluyen en identidades múltiples y los intereses se dispersan, ¿Qué representan los partidos? Julio Cotler, señalaba además que la sociedad peruana en su extrema informalidad no era representable. Ese es uno de los desafíos mayores de la democracia en el Perú.

Los puntos señalados, los procedimientos, la igualdad, el respeto a la alternancia y la posibilidad de que el adversario entre legítimamente, la eficacia del gobierno democrático y el principio de representatividad de los partidos son aspectos muy débilmente desarrollados en Perú y abordarlos en profundidad, sin eludir las dificultades que comportan, nos permitirá discutir un programa para su consolidación.

Recordemos además, que la crisis de la democracia que ha sido argumentada de distintas maneras y con diversos énfasis en los últimos 25 años –ausencia de arreglos institucionales, desconexión entre demandas sociales y respuestas del sistema, persistencia de conflictos entre sus estructuras, contradicción con el momento capitalista en el que distintas redes corporativas representan a grupos específicos protegidos por encima del pueblo, concentración política y económica, pérdida de control y legitimidad frente a los nuevos desarrollos económicos y sociales de la globalización, entre otros–, fue enunciada y anunciada por autores como Norberto Bobbio, que alertaban de las amenazas a la democracia que se originaban en su propio seno, vale decir la ingobernabilidad, la privatización de los espacios públicos y el poder oculto

Allí precisamente se ubica el rol de una izquierda que se apropia de la democracia, de sus procedimientos tanto como de sus principios. En el siglo XX, en un país donde las élites negaron espacios a la crítica y excluyeron del sistema político legal a quienes plantearon programas reformistas, la izquierda nació sin vínculos con la democracia. Hoy, tras toda suerte de autoritarismos de derecha y de izquierda, en nuestro país y en América Latina, esos vínculos son imprescindibles. Un programa de reformas debe ser asumido y respaldado por el voto y en ello encontrará fuerza. Una propuesta de ciudadanía vigilante como base de la lucha contra la corrupción debe ser creíble y respaldada. Una voluntad nítida de generar condiciones de igualdad, de futuro sostenible, de inclusión, de opciones económicas, de un nuevo rol del Estado tendrán vigencia sólo si sectores importantes de la población, particularmente de los sectores que sufren exclusiones de cualquier tipo, la hacen suya y la expresan a través de los procedimientos de la democracia.