Contexto económico y mercado de trabajo en el Perú, ¿rumbo al abismo?

En el año 2020, como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, según las cuentas nacionales del INEI, el producto bruto interno (PBI) peruano cayó en 11%. Ello implicó un conjunto de efectos negativos en el mercado de trabajo, como veremos a continuación.

En el punto más complejo de la pandemia, siguiendo la ENAHO del INEI, se llegaron a perder cerca de 7 millones de empleos a nivel nacional, entre asalariados e independientes, formales e informales, así como privados y públicos. Además, la masa salarial disminuyó en 60%, a la vez que los ingresos laborales promedio seguían una tendencia negativa. En esa misma línea, durante el 2020, la tasa de empleo adecuado se redujo en 12 puntos porcentuales (pp), mientras que las tasas de subempleo (empleo precario), desempleo e informalidad laboral privada, se incrementaron en 8 pp, 3,5 pp y 4,4 pp, respectivamente.

Cabe agregar que, en el sector asalariado formal privado, según la Planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se llegaron a perder poco más de 800,000 puestos de trabajo, incluyendo a 300,000 trabajadores que también se quedaron sin ingresos laborales al pasar a la modalidad de la suspensión perfecta de labores.

Si bien a partir de la reactivación económica iniciada el 2021, año en el cual el PBI creció en 13,5%, recuperamos los niveles de empleo agregado prepandemia (por encima de 17 millones de ocupados) y se comenzaron a revertir de forma importante los demás efectos negativos observados en el mercado laboral, a la fecha aún nos encontramos por debajo de los estándares de calidad del empleo registrados en el año 2019, antes del inicio de la pandemia.

Así, por ejemplo, en Lima Metropolitana, en el trimestre móvil junio-julio-agosto de 2023 (según la Encuesta Permanente de Empleo del INEI), la tasa de empleo adecuado aún estaba 6 pp por debajo de la registrada en el mismo trimestre de 2019 (55% vs. 61%), la tasa de subempleo 5 pp por encima (38% vs. 33%), la tasa de subempleo por ingresos 9 pp por arriba (30% vs. 21%), la tasa de desempleo casi 1 pp por encima (6,6% vs. 5,8%) y la población en condición de inactividad laboral (aquellos en edad de trabajar que no trabajan ni buscan trabajo) 13% por arriba.

Asimismo, durante la pandemia, muchos asalariados que perdieron su empleo en empresas pequeñas, medianas y grandes, tuvieron que reinsertarse como trabajadores de microempresas en situación de informalidad o autoemplearse en condiciones precarias, problemática que aún no ha podido ser revertida del todo.

Además, aun cuando los ingresos mensuales promedio y la masa salarial recuperaron, en términos nominales, sus niveles observados antes del inicio de la pandemia, en términos reales, producto de la elevada inflación registrada en el país en los últimos años, el poder adquisitivo de los ingresos promedio se redujo en más de 8%, mientras que el de la masa salarial se mantuvo prácticamente estancado. 

En lo que respecta al empleo asalariado privado formal, tomando como fuente la planilla electrónica del MTPE, si bien se han recuperado los más de 800,000 puestos perdidos durante la pandemia a nivel nacional, la reinserción laboral no se ha dado en las mejores condiciones para los trabajadores, considerando que el 92% lo hizo bajo alguna modalidad de contratación temporal y solo el 8% mediante un contrato estable.

Ello ha contribuido a precarizar más la calidad del empleo formal privado. Ya antes de la pandemia 2 de cada 3 trabajadores tenían un contrato temporal, lo cual habría empeorado en los últimos años, con los siguientes efectos negativos: una mayor rotación laboral, menor factibilidad de acceso al sistema financiero, inferiores niveles de inversión en capacitación laboral, menores posibilidades de sindicalizarse y negociar colectivamente mejores remuneraciones y condiciones de trabajo, discontinuidad en los aportes a los mecanismos de protección social en salud y pensiones, entre otros.

Un dato que ejemplifica parte de la problemática señalada es que, en el año 2021, a pesar de haberse iniciado la reactivación económica del país, las remuneraciones reales promedio cayeron en más de 5% en el sector privado formal.

El panorama para el Perú no es nada halagüeño para los próximos meses y quizá años, considerando que estamos prácticamente en recesión y se prevé un “crecimiento” del PBI cercano al 0% para el 2023. Ello en un contexto de conflictos sociales, crisis institucional y democrática, elevados niveles de inflación (generada por factores externos e internos), desconfianza de los inversionistas, bajo consumo privado, fenómenos naturales contrarios al crecimiento económico, incluido un posible Fenómeno el Niño global, y una política monetaria que se ha visto obligada a enfriar más la economía para poder controlar un incremento de precios no registrado hace varios años.

Evidentemente, en esas condiciones, resulta poco factible generar empleo, sobre todo formal, productivo y de calidad.

¿Qué hacer? Empezar a recuperar la institucionalidad democrática y la paz social, lo cual implica, indefectiblemente, un adelanto de elecciones generales, así como reformas políticas, económicas y sociales a nivel constitucional y normativo, en clave inclusiva, las cuales deberían ser emprendidas por las nuevas autoridades a ser elegidas. Ello contribuirá a retomar la confianza de los inversionistas y consumidores, y ampliará nuestro potencial de generación de empleo formal. 

Pero no basta con eso, se deben acelerar las acciones de mitigación de los posibles efectos del Fenómeno el Niño; redondear el proceso de control de la inflación sin perder de vista sus efectos en el desempeño económico, para luego retomar una política monetaria contracíclica; mejorar la gestión de la inversión pública y aplicar una política fiscal realmente contracíclica; reestructurar el proceso de descentralización; iniciar políticas públicas de diversificación de la economía, que incentiven el crecimiento de sectores donde tengamos ventajas comparativas y sean intensivos en mano de obra; así como políticas para el incremento de la productividad en el país (que engloben mejoras en capital humano, innovaciones, financiamiento, articulación productiva, etc.), principalmente en los segmentos empresariales menos desarrollados. 

Ello, acompañado de reformas estructurales en lo laboral (para promover la generación de empleo productivo, formal, estable, con mejores ingresos y condiciones laborales); tributario (para ampliar la base tributaria y establecer un sistema más progresivo); previsional (para lograr una cobertura universal y pensiones suficientes); así como en la salud (para alcanzar una cobertura total y brindar prestaciones de calidad); la educación (para elevar ostensiblemente los estándares en todos los niveles formativos); y el servicio civil (para generar una carrera pública meritocrática, con adecuadas condiciones y ofrecer servicios de calidad); además de un fortalecimiento de la fiscalización laboral y tributaria; sin duda, contribuirá a iniciar la senda de desarrollo de nuestro país, y no solo de crecimiento.