Defensa y reforma de la educación pública
Desde la caída de la dictadura de Fujimori y Montesinos se inició la construcción y aplicación de una agenda democrática de propósitos, políticas de Estado y proyectos orientados a lograr una educación para todos, con calidad y equidad. En dos décadas, pese a limitaciones y resistencias, este proceso obtuvo logros y avances. Ahora, ante las decisiones y amenazas regresivas de sectores mercantilistas, autoritarios y conservadores empoderados en el Congreso y en el Gobierno, es urgente constituir una gran alianza que defienda lo avanzado y promueva las reformas pendientes para hacer realidad la educación pública universal y democrática que se prometió.
En los primeros años del siglo 21 la aspiración nacional compartida de democratización de la educación se reflejó en la Ley General de Educación 28044 (LGE), aprobada por unanimidad en el Congreso de la República en 2003, y en la Política de Estado 12 suscrita en 2002 por todas las organizaciones políticas y sociales representadas en el Foro del Acuerdo Nacional (AN). Se reconoció a la educación como un derecho fundamental de la persona y de la sociedad, por su importancia para la vida de los individuos y para el desarrollo del país y de la convivencia colectiva.
El Estado y la sociedad peruana se comprometieron a lograr el acceso universal e irrestricto a una educación pública gratuita con calidad y equidad, que prepare ciudadanos con valores democráticos, éticos, sociales y culturales, y con conciencia ecológica, para su incorporación activa a la vida social. También se amplió el derecho a la educación, concebida como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida, tanto en instituciones educativas como en diferentes ámbitos de la sociedad.
La LGE determinó que la educación es un servicio que el Estado provee en todos los niveles y modalidades, que se debe complementar con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. La iniciativa privada, supervisada y regulada por el Estado, debe contribuir a la ampliación de la cobertura y al logro de los fines públicos de la educación. El Estado regula, supervisa, evalúa y preserva la unidad del sistema. Los principios que orientan la educación peruana son: ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad e innovación. Ninguna política o iniciativa educativa debería contradecir estos principios.
En la Política 12 se acordó y en la LGE se aprobó que el Estado destine no menos de 6% del PBI a la educación estatal, y que la inversión por alumno debe aumentar gradualmente, dando prioridad en esta inversión a las zonas rurales, de frontera, urbano-marginales y de menor desarrollo, para lograr equidad. Se asignó al Estado la responsabilidad de: eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, así como entre la rural y la urbana; mejorar la calidad de la educación superior pública, universitaria y no universitaria, así como una educación técnica adecuada a nuestra realidad; aumentar las exigencias para la institucionalización de la educación pública o privada; promover la educación de jóvenes y adultos y la educación laboral; fomentar la educación bilingüe en un contexto intercultural.
Las orientaciones de la LGE y la Política 12 del AN, desarrolladas en el Proyecto Educativo Nacional de 2007 al 2021, inspiraron en los años siguientes la Carrera Pública Magisterial, la reforma universitaria, la integración y mejora del currículo de la Educación Básica, el desarrollo de la educación intercultural bilingüe y el acompañamiento pedagógico a los docentes, entre otros cambios importantes. Sin embargo, no se cumplió la previsión de aumento del % del PBI destinado a la educación estatal, ni creció la inversión por alumno en la proporción requerida para cerrar las brechas de calidad y equidad.
Varios componentes de la agenda de democratización de la educación fueron desatendidos o perjudicados por la intermitencia de la voluntad política en las cambiantes gestiones gubernamentales y ministeriales. Como consecuencia, el déficit de la infraestructura escolar siguió creciendo; la educación rural, la secundaria y postsecundaria no universitaria fueron descuidadas; la carrera magisterial y el nuevo currículo escolar tuvieron vacíos y dificultades en su implementación. Además, continuaron el centralismo burocrático, la corrupción, la dispersión y fragmentación de los servicios y programas educativos, desarticulados de otros servicios públicos y de las dinámicas locales. Se avanzó muy poco en la atención a las necesidades educativas de las personas con discapacidades y de los jóvenes y adultos.
Al mismo tiempo, la vigencia continuada de la Constitución de 1993, el Decreto Legislativo 882 de promoción de la inversión privada y otras normas heredadas del régimen fujimorista, propició un crecimiento acelerado de entidades privadas, muchas de ellas de bajo costo y de mala calidad, más interesadas en obtener ganancias para sus propietarios que en educar a sus estudiantes o contribuir al bien común desde la educación. Los informes de muchas investigaciones y el Proyecto Educativo Nacional al 2036 han señalado que este proceso de privatización aumentó las desigualdades y agravó la segregación escolar por niveles socioeconómicos, dificultando la integración y el desarrollo de una convivencia social plural e intercultural.
En los últimos años se han descontinuado o revertido reformas en marcha en materia de educación superior, política magisterial, currículo de la educación básica, formación y acompañamiento a los docentes, conectividad a internet y tecnología, elaboración profesional de textos y materiales educativos, educación rural, educación intercultural bilingüe y educación intercultural para todos, descentralización y reordenamiento territorial de los servicios de educación básica, etc. Se ha debilitado el rol rector del Ministerio de Educación y también se anuló la autonomía y la pluralidad en la SUNEDU y en el Consejo Nacional de Educación, como parte del copamiento de los poderes y entidades del Estado por representantes de intereses privados, económicos e ideológicos.
A lo anterior se suma ahora la amenaza de debilitamiento de la educación pública mediante el sistema de vauchers, u otras formas de financiamiento estatal de instituciones educativas privadas, a pesar de la evidencia internacional que ha mostrado que estos modelos agravan las desigualdades y la segregación social. Detrás de estas iniciativas están sectores que esperan lucrar en nuevos nichos de mercado educativo y aprovechar las escuelas para difundir sus ideas conservadoras o sus dogmas religiosos con financiamiento del Estado.
En el momento actual es urgente reafirmar la visión, los principios y los propósitos de la LGE, de la Política 12 del AN y del Proyecto Educativo Nacional, reforzando el tratamiento de la educación como derecho fundamental y como bien público, y no como un servicio que se transa en el mercado. Atender el interés general de la nación implica retomar y profundizar las políticas educativas para la equidad, la inclusión y el bienestar de todos los peruanos y peruanas en un marco de convivencia ciudadana igualitaria y de valoración de la diversidad.
El componente ordenador fundamental de la agenda democrática debe ser el fortalecimiento de la educación pública estatal, que el Proyecto Educativo Nacional identifica como “el principal mecanismo para que las instituciones educativas se transformen en espacios de encuentro entre nuestras diversidades, favoreciendo las experiencias de aprendizaje, eliminado la segregación, asegurando su gratuidad y construyendo mayores niveles de cohesión social.” (p. 146) Es necesario reformar el financiamiento, la gestión del sistema y de cada institución educativa, fortalecer los roles y funciones del Estado como proveedor y garante, combatir la corrupción y promover la participación y vigilancia de las familias y comunidades.
La viabilidad de la agenda democrática de defensa y reforma de la educación pública estatal depende de cambios normativos y de respaldo social. Lo primero pasa por suprimir las bases legales del modelo fujimorista de privatización mercantil de la educación, como el Decreto Supremo 882 de 1996; recuperar el rol rector del MINEDU, así como la autonomía de la SUNEDU, mejorando su organización y ampliando sus atribuciones; y desarrollar otras normas para la reforma de la gestión y el aseguramiento de la calidad y la equidad en todos los niveles y modalidades de la educación.
Por último, la realización de la agenda democrática para la educación sólo será posible con el respaldo social de un sujeto colectivo que la haga suya, la defienda y se movilice para exigir su cumplimiento. Las organizaciones sociales territoriales y del sector, segmentos y grupos excluidos o discriminados, entidades comprometidas con el derecho universal a la educación y con la democracia, deben unirse para derrotar la ofensiva privatista y desarrollar la educación pública renovada que el Perú necesita.
