Editorial
La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos ratifica las tendencias de la opinión pública que se vienen observando a lo largo del año. Durante los últimos 10 meses la aprobación del Congreso no ha subido del 7% (enero y abril), manteniéndose firme en apenas 6%, -en el centro y el sur llega tan solo al 3%-, mientras su desaprobación aparece estacionada en un contundente 90%. La suerte de Dina Boluarte no es mejor; su desaprobación ha subido 5 puntos desde agosto, llegando ya al 84% y superando el 88% en el centro y sur del país. Su aprobación muestra una tendencia decreciente, perdiendo 5 puntos entre mayo y octubre cuando alcanza 9.9%. La Fiscal de la Nación, otra de las protagonistas más activas en la política oficial los últimos meses, además del talante autoritario, el afán viajero, un estilo simultáneamente altisonante y huidizo del escrutinio público y el afán de victimización, comparte con la mandataria la trayectoria ascendente de su desaprobación que llega a 65%, alcanzando 72% y 77% en el centro y el sur, respectivamente. Las imágenes dolientes de ambas vestidas de negro, cada una por su lado, reuniéndose con el Papa, expresan las muchas cosas que comparten.
La pregunta central de la encuesta está referida a la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia orquestada por el Congreso de la República, alentada por Patricia Benavides, aplaudida por buena parte de la derecha y argumentada y defendida, no sin cierta vergüenza y pudor, por distintos abogados como Ernesto Blume que ayer decían blanco y hoy día sostienen negro. Tres de cada cuatro encuestados, prácticamente en todos los segmentos, consideran que si el Congreso destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se afecta a la democracia del país. Recordemos que en septiembre apenas 19% estaba en contra de la investigación que iniciaba sumariamente el Congreso.
Adicionalmente, 8.3 de cada 10 encuestados sienten que la situación política del país los afecta principalmente en su economía y su trabajo. La aparente sorpresa, dada la larga temperatura mayoritaria de la opinión pública que expresan las respuestas anteriores, surge cuando ante la última pregunta de la encuesta, casi la mitad de los encuestados cree que las diferencias políticas o ideológicas son las que dividen más a los peruanos, bastante por encima del 29% que piensa que son las diferencias económicas. Aparente decimos, porque ella ratifica el desapego y desinterés en la política que evidencia desde hace largo tiempo la misma encuesta. Recordemos que en el mes de agosto 68% de los encuestados señalaban estar poco o nada interesados en la política, 13 puntos más que el año anterior. En esa oportunidad, 25% no pudo darle un significado al término democracia y 23% indicó que funcionaba mal y la asoció con términos negativos.
Así las cosas y no obstante el esfuerzo de la Plataforma por la Democracia que reúne a diversas instituciones, organizaciones sociales, sindicales y colectivos ciudadanos, convocados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, es difícil imaginar una defensa mayor de la JNJ. La coalición autoritaria que nos gobierna así lo entiende y lo evidencia en su comportamiento de las últimas semanas.
La señora Boluarte combina la multiplicación de sus viajes al extranjero con la insistencia en los ataques en quienes se atrevieron a protestar y defender sus derechos, sosteniendo que ella es inocente y se ha sacrificado por nosotros, dizque para defender la democracia peruana de los ataques de las fuerzas del mal que ocasionaron más de 60 muertos, 1200 heridos y una gran cantidad de perseguidos y judicializados. Su primer ministro Otárola, al centro de múltiples controversias por supuestas contrataciones irregulares, repitiendo las prácticas y el estilo de sus socios en el Congreso, se pasea por los medios insistiendo en que Dina es la que decide y él es apenas un escudero, asegurando que la recesión económica terminará el 2024 y buscando esconder el naufragio y la improvisación de la política de seguridad del gobierno y el fracaso absoluto de su estado de emergencia. Los congresistas, avanzando decididos a la captura de las instituciones que les restan para garantizar su futuro inmediato, asegurar su siguiente escenario electoral y blindándose cotidianamente entre ellos. La Fiscal de la Nación, impertérrita, atendiendo sus intereses personales, empujando el proceso contra la JNJ, moviendo al personal de la Fiscalía en base a su agenda y sancionando y liquidando a quienes la incomodan en el Ministerio Público en su afán por terminar con las indagaciones y acusaciones emblemáticas contra sus socios políticos. Aprovechando el río revuelto, incluso personajes menores como el Defensor del Pueblo, acomodan las normas a sus necesidades para prolongarse en los cargos y llenan las instituciones de los clientes e incondicionales de quienes los pusieron en ellos.
Algunos sectores empresariales, mientras tanto, empiezan a preocuparse por sus intereses; entre la recesión, la inseguridad y el impacto del Niño, por un lado, así como el miedo que les genera la posibilidad de nuevas movilizaciones y protestas en este escenario; y un gobierno que les genera desconfianza creciente por su torpeza -no obstante su incondicionalidad y su total subordinación-, empiezan a buscar otros escenarios y a acariciar figuras como las de Añaños acercándose al Partido Morado y buscando un espacio más liberal y menos autoritario.
Mientras tanto, los miles que se movilizaron especialmente en el sur andino, multiplican sus malestares, buscan recuperar fuerzas e intentan encontrar caminos para articularse mejor y compartir su agenda, tema irresuelto hasta hoy. Iniciativas como la mencionada Plataforma por la Democracia tienen el desafío de encontrarlos y construir puentes entre la defensa institucional de lo poco que queda de una democracia cada vez más vacía de contenido y las demandas más amplias del estallido, que exigen, en el tiempo, más allá de elecciones, un nuevo contrato social.
Estamos entrando a un nuevo momento de nuestra historia y se abre una coyuntura larga que seguramente tendrá tantas alzas como bajas en la movilización y las protestas. Si de este momento resulta un movimiento y éste quiere tener éxito, está obligado a construir una coalición político social más amplia y menos desconfiada entre sus partes que lo que hoy existe.
Lo que está en disputa en el corto plazo es la derrota de la apuesta autoritaria y antidemocrática que busca asegurar sus intereses individuales y darle curso a un nuevo ciclo neoliberal. Ese combate exige articular un bloque democrático más amplio del que se manifiesta hasta ahora, construyendo/reconstruyendo simultáneamente la izquierda que queremos y la organización que necesitamos en el largo plazo. La democracia que requerimos en ese horizonte tiene que estar referida a la capacidad permanente de la sociedad para construir un contrato social y un régimen de distribución de sus recursos materiales y simbólicos, garantizando bienestar y solidaridad (nivel socioeconómico), derechos y ciudadanía (nivel sociopolítico) y reconocimiento e identidad (nivel sociocultural), mediante la interacción entre sus distintos miembros y los mecanismos de asignación del Estado democrático, el mercado y la sociedad/ comunidad.
Una democracia que en consecuencia, tiene tres dimensiones: la primera es ética y alude a consensos básicos alrededor de la memoria histórica, la convivencia y el futuro, implicando el sentido de pertenencia como el reconocimiento de la diversidad; la segunda es estructural y se refiere a la igualdad, mientras que la tercera es institucional y su terreno es la política que es el campo en el que se confrontan los distintos proyectos de orden social y organización de la sociedad, lo que implica participación y pluralismo.
