El creciente poder de la derecha totalitaria

Luego de tres derrotas electorales consecutivas y ajustadas de la candidata Fujimori a la Presidencia de la República, y de sucesivos fracasos en su intento de gobernar desde el Congreso, en 2021, la derecha peruana más autoritaria y conservadora logró hegemonizar el Poder Legislativo. Liderando una coalición de intereses diversos, supo aprovechar la ineptitud y las corruptelas del gobierno de Castillo para ponerlo contra las cuerdas, y para aplicar velozmente la vacancia cuando el expresidente intentó un imposible golpe de estado.

Esta coalición también aprovechó una torpe infracción constitucional de la vicepresidenta Boluarte para condicionar su acceso a la presidencia, imponiéndole sus criterios políticos en la conformación del gabinete ministerial y en la orientación del nuevo gobierno. De este modo, mediante una sucesión presidencial ajustada a la Constitución y las leyes, el sector político derrotado en las elecciones de 2021 accedió de facto al manejo del Poder Ejecutivo.

Desde el Congreso, la coalición derechista totalitaria ha ido ampliando su poder en el Estado, logrando imponer su control en el Tribunal Constitucional para que este le reconozca atribuciones que alteran a su favor el equilibrio de poderes, y para que lo favorezca en conflictos de competencia o demandas de inconstitucionalidad de leyes cuestionadas. Con su poder reforzado, el Congreso apunta ahora a controlar la Defensoría del Pueblo, los organismos electorales y la Junta Nacional de Justicia, que es clave para ejercer dominio sobre el conjunto del sistema de justicia, incluyendo al Ministerio Público.

Al mismo tiempo, a pesar de las protestas masivas en las calles y que las encuestas revelan que más de 90% de la población lo desaprueba, el Congreso -con la complicidad del Ejecutivo- ha descartado las iniciativas y promesas de adelanto de las elecciones generales; por el contrario, viene asegurando la continuidad en el cargo de sus integrantes actuales -y del gobierno- hasta 2026. Además, desde el Congreso, la coalición derechista bloquea toda iniciativa que ponga en riesgo la estabilidad de la presidenta y de los ministros.

El gobierno de Boluarte, instalado el 7 de diciembre de 2022, enfrentó desde el primer momento un movimiento popular masivo, semi espontáneo pero contundente, de firme rechazo a la captura del Ejecutivo por la coalición mayoritaria del Congreso y de repudio a la nueva presidenta; ella fue percibida como traidora por los electores que votaron por Pedro Castillo y por ella en 2021. Liderado por Otárola, el abogado que negoció en el Congreso el archivamiento de la denuncia constitucional contra Boluarte, el gobierno movilizó a la Policía y las Fuerzas Armadas para reprimir el estallido social con violencia desproporcionada y letal, provocando el asesinato de decenas de civiles desarmados y cientos de heridos por disparos de las fuerzas del orden.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asumieron el rol de brazo armado represivo de la coalición derechista, comprometiendo su responsabilidad institucional y la de los ejecutores directos de matanzas y abusos, para contribuir a la consolidación y continuidad del régimen totalitario. En retribución, el gobierno les otorgó un premio económico y les garantiza impunidad, para lo cual estaría contando con la complicidad de la Fiscal de la Nación, quien propiciaría o permitiría un manejo lento y desprolijo de las investigaciones sobre las matanzas. Inducidas por la coalición en el poder, y por el propio gobierno, las fuerzas de seguridad han adoptado una narrativa de guerra contrasubversiva, calificando como “terroristas” o radicales violentistas a los participantes en marchas y manifestaciones de protesta política y social, en su mayor parte pacíficas.

Al mismo tiempo, la coalición derechista gobernante ha contado permanentemente con el importante apoyo de la mayoría de los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales, vinculados orgánicamente con grupos empresariales poderosos y afines ideológicamente con los sectores conservadores y regresivos que ejercen el poder. Los diarios, canales de TV, emisoras de radio y plataformas informativas con mayor llegada a la opinión pública en todo el país, así como las redes sociales virtuales, contribuyen activamente a la consolidación del poder de la coalición autoritaria y a la descalificación de los opositores y de las organizaciones sociales o ciudadanos que se atreven a confrontarla políticamente. Solo en algunos espacios específicos de su programación, algunos de esos medios incluyen denuncias focalizadas en conductas individuales o en aspectos secundarios del desempeño de representantes de la coalición en el poder.

Por otro lado, el enorme poder político, económico, mediático, administrativo y represivo acumulado por la coalición derechista totalitaria contrasta con la ausencia casi total de fuerzas significativas de oposición política y social, capaces de enfrentar y desafiar su hegemonía en el corto o mediano plazos. Sea por fragmentación, rivalidades y pugnas, por desgaste o por pérdida de la confianza de la población, no hay organizaciones ni alianzas partidarias o de bases sociales capaces de representar y canalizar el malestar y las aspiraciones de las amplísimas mayorías de ciudadanos, que expresan en las encuestas su fuerte rechazo al gobierno, al congreso y al orden actual. La debilidad extrema de la oposición plantea el mayor desafío a las organizaciones y líderes de izquierda, centro o derecha, que tengan la pretensión de recuperar el estado de derecho, la división de poderes, la pluralidad y la vigencia de reglas electorales justas y abiertas. Solo en democracia se podrá luego abordar reformas en la Constitución, mejoras en la organización del Estado y en las condiciones de vida de todos los peruanos.

En el contexto político descrito, con una coalición autoritaria y conservadora muy empoderada y una oposición democrática fragmentada y sin fuerza, el gobierno se permite ignorar o despreciar las críticas internas y de otros gobiernos y organismos internacionales, así como los informes abrumadores de organizaciones de derechos humanos que confirman exhaustivamente y condenan el uso excesivo y letal de la fuerza, los asesinatos y matanzas perpetrados por las fuerzas de seguridad del estado peruano durante las protestas de los meses pasados. La coalición derechista confía en que su consolidación en el control de los diversos poderes del estado, sumado al apoyo de los principales medios de comunicación y el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía le darán estabilidad hasta 2026, como mínimo. Tal continuidad les daría tiempo suficiente para mejorar su imagen en el exterior y superar su aislamiento internacional.

En el plano interno, la coalición gobernante confía en que el mantenimiento del orden y la continuidad de las políticas económicas neoliberales permitirán recuperar la senda del crecimiento de la producción y la reducción de la pobreza. También supone que la aplicación de nuevas medidas populistas vinculadas a la seguridad ciudadana y la supervivencia le servirán para mejorar gradualmente sus niveles de aprobación de la población. Cualquier pequeña subida en las encuestas, partiendo desde el bajísimo nivel en que se encuentra actualmente, le servirá para publicitarse.

Finalmente, toca discutir qué corresponde hacer desde la izquierda democrática para revertir su situación de extrema debilidad y construir una fuerza amplia de oposición política que pueda desafiar a la coalición derechista autoritaria y conservadora en el poder. Lo primero que se requiere es un reconocimiento de la gravedad de la amenaza a la democracia, a las libertades y a las conquistas populares y progresistas que supone el tremendo empoderamiento de la derecha totalitaria. Es indispensable dejar de lado rencillas, dogmas y aspiraciones particulares, dando paso a una apertura de mentes y corazones para reunir en un solo movimiento a todas las personas y organizaciones dispuestas a defender los derechos humanos, políticos y sociales conquistados. Es desde el realismo y una actitud generosa que se pueden generar las condiciones para cooperar y consensuar una agenda común, en la que se consideren los reclamos de reconocimiento, de inclusión, de bienestar y de equidad de la gran mayoría de los peruanos y peruanas.