La COP27 y la izquierda en el Perú

La 27 Conferencia de las Partes (COP 27) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (Sharm el-Sheikh, Egipto, noviembre del 2022) culminó con el acuerdo de establecer un fondo de ayuda a los países gravemente afectados por desastres climáticos resultantes del calentamiento global. “Los países reunidos en la COP27 acordaron que se creará un fondo para reparar a los países que más están sufriendo las consecuencias del calentamiento global y que menos han contribuido a él.”[1] Su establecimiento ha sido celebrado como un logro de justicia climática en la medida en que los países más desarrollados, que son los responsables históricos (Estados Unidos de América, Europa) y actuales (China) del calentamiento global, apoyen financieramente a los países menos desarrollados que -sin haber contribuido a generar el problema- sufren sus peores consecuencias.

Sin embargo, desde la perspectiva estratégica de avanzar en la transición energética y frenar el calentamiento global, se trata de un pésimo negocio. Desde hace más de una década existe un acuerdo para que los países que son responsables históricos y actuales del calentamiento global apoyen financieramente las acciones de mitigación y adaptación de los países que más los sufren, con 1,000 millones de dólares anuales. La realidad es que los países responsables no han cumplido con aportar este monto, que en muchos casos renombran como climáticas ayudas que ya estaban en curso para otros fines y que la mayor parte de estos recursos llegan a nuestros países como préstamos, no donaciones.[2] En suma, llega menos que lo ofrecido y lo que llega se convierte en deuda. Nada hace pensar que este nuevo compromiso no enfrente los mismos problemas que el anterior.

Peor aún, este nuevo fondo llamado “de pérdidas y daños”, se ha conseguido a cambio de no avanzar un centímetro en nuevos compromisos para frenar el calentamiento global, pues en el terreno de la mitigación de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que se ha hecho es repetir los acuerdos de la COP 26 (Glasgow 2021) que enfatizan dejar atrás el uso del carbón, sin mencionar para nada el necesario declive planificado del uso del petróleo y el gas. Es como si a un paciente que está grave se le receta una aspirina para bajar la fiebre y controlar el dolor, sin avanzar nada en curar la enfermedad. En este caso, una enfermedad con causa ampliamente conocida: la emisión de GEI por el uso de carbón, petróleo y gas en las actividades económicas y la vida doméstica y por la deforestación y cambio de uso de suelos para la agricultura.

Perú es uno de los países que contribuye muy poco al calentamiento global (deforestación y consumo de energía fósil en primer y segundo lugar) pero que es muy golpeado por este fenómeno. El veloz retroceso de nuestros glaciares andinos y los problemas de abastecimiento de agua que este retroceso ya está generando, son la manifestación mas visible de este impacto negativo. Además, ya estamos sufriendo y vamos sufrir de aumentos de la temperatura y niveles de acidez de mar que impactan sobre la pesca; incrementos de la temperatura y cambios en la humedad de la tierra que afectan la agricultura; desertificación de la llanura Amazónica que afecta la biodiversidad y altera los ciclos hídricos nacionales y regionales; fenómenos climáticos extremos que causan desastres naturales cada vez más graves y más frecuentes, que siempre golpean más a los más pobres.

En respuesta, contribuir a frenar el calentamiento global pasa por frenar la deforestación de nuestros bosques amazónicos y avanzar en nuestra propia transición energética, dejando atrás el consumo de energías fósiles, como el petróleo y el gas. Sobre lo primero, el entonces ministro del Ambiente Wilbert Rozas, señaló en la COP 27 -en la línea de lo propuesto desde Colombia por el presidente Gustavo Petro y desde Brasil por el presidente Lula da Silva-, la conveniencia de una coordinación de los países amazónicos para frenar su deforestación y preservar su capacidad de capturar carbono.

Eso está bien. Pero es insuficiente y no queda claro como se puede lograr este objetivo desde un estado que se ha mostrado incapaz de frenar la minería y la deforestación ilegales y la expansión de los cultivos de coca, que carece de estrategia de diversificación económica que ofrezca alternativas de empleos e ingresos frente a los que ofrecen las actividades ilegales que impactan negativamente sobre el bosque amazónico.

Sobre lo segundo, Perú no tiene una estrategia de transición energética que se traduzca en metas nacionales para abandonar el uso del petróleo y el gas, remplazándolos en el tiempo por energías renovables no convencionales, como las generadas por el viento, el sol, las mareas, las hidro de pequeña escala y las fuentes geotérmicas. Es claro que los sucesivos gobiernos siguen apostando por el petróleo como fuente de abastecimiento energético y se deja manos libres a las concesionarias de Camisea para exportar la mayor parte del gas que se extrae.

La izquierda democrática peruana debe asumir la lucha por frenar el calentamiento global y avanzar en una transición energética justa como una bandera central de sus propuestas al país, por tres razones fundamentales. Primero, porque se trata de una batalla contra la desigualdad y por la justicia energética y social; está demostrado que el calentamiento global es causado por los países más desarrollados y por los sectores sociales de más altos niveles de consumo[3] pero que su impacto es más fuerte sobre los países menos desarrollados y sobre las poblaciones más pobres, muchas de las cuales viven en situación de pobreza energética, sin acceder a suficiente energía para satisfacer sus necesidades básicas.

Segundo, porque se trata de una batalla por asegurar la viabilidad de nuestra economía y su capacidad de generación de empleos e ingresos para las mayorías. Si el calentamiento global ya viene teniendo un impacto negativo sobre nuestra economía, en el mediano y largo plazo la descarbonización de nuestras actividades económicas será una condición para ser competitivos en mercados internacionales, cada vez más preocupados por la huella energética (e hídrica y de derechos humanos) de los productos que demandan.[4] Tercero, porque el calentamiento global es una de las causas fundamentales de la pérdida masiva de la biodiversidad, situación en la que -nuevamente- la región de América Latina y el Caribe es una de las más golpeadas. Esta es una pérdida que nos debe preocupar porque esa biodiversidad es la fuente de vida de las poblaciones indígenas, campesinas y rurales de nuestro territorio y porque tiene un potencial enorme como fuente sostenible de alimentos y medicinas para el país, la región y la humanidad.

Nada de esto estuvo en la agenda del presidente Castillo ni en la de Vladimir Cerrón y Perú Libre. Nada en la de las distintas caras de la derecha que unieron fuerzas contra Castillo y ahora integran la coalición cívico-militar que sostiene al gobierno de Dina Boluarte. Frenar la deforestación y descarbonizar la economía deben estar en el centro de la agenda del relanzamiento de una izquierda democrática que sea alternativa a la ceguera de la mayor parte de las élites políticas que hoy están en control del Poder Ejecutivo y el Congreso.

 [1] https://news.un.org/es/story/2022/11/1517012 [2]  OXFAM, Informe paralelo sobre financiación climática. CRECE OXFAM, 2020  [3] Kartha, S., Kemp-Benedict, E., Ghosh, E., Nazareth, A. and Gore, T. (2020). The Carbon Inequality Era: An assessment of the global distribution of consumption emissions among individuals from 1990 to 2015 and beyond. Joint Research Report. Stockholm Environment Institute and Oxfam International. Lucas Chancel, and Thomas Piketty (2015), Carbon and inequality: from Kyoto to Paris. Trends in the global inequality of carbon emissions (1998-2013) & prospects for an equitable adaptation fund. Ver también UNDP (2019), Human Development Report 2019, Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. [4] Deloitte (2020): Hoja de ruta de transición energética hacia un Perú sin emisiones 2030-2050. Resultados finales