Un programa económico para el momento actual
En las elecciones del 2016, los integrantes del equipo económico que desde el Frente Amplio acompañamos la candidatura de Verónika Mendoza precisamos nuestra propuesta de gobierno con medidas en tres ejes, que eran Reactivación, Redistribución y Diversificación productiva. Los objetivos eran atender los problemas de falta de empleo y desigualdad y cambiar el modelo extractivista que además genera poca dinámica tecnológica y serios daños socioambientales. Esos tres ejes siguieron siendo válidos el 2021 y se mantienen ahora, pero la coyuntura obliga a marcar prioridades adecuadas al momento.
Recordemos la lógica, importancia y articulación de los tres ejes. La reactivación tiene como objetivo que toda la capacidad productiva de sectores fundamentales como los servicios, la agricultura, la industria y la construcción funcionen a plena capacidad para generar empleos; y ello requiere una dinamización del mercado interno, con políticas macroeconómicas – monetarias y fiscales – expansivas, protección frente a importaciones dumping e inversión pública en infraestructura económica, comunicaciones, telecomunicaciones e irrigaciones. La redistribución apunta a reducir las enormes inequidades económicas existentes; y las medidas claves para lograrlo son una reforma tributaria que establezca impuestos justos a las sobreganancias de la minería y las grandes fortunas y una acción firme contra la evasión y elusión, usando luego esos recursos para asegurar el derecho a la salud, la educación y la protección social a todos y todas. La diversificación productiva se orienta a enfrentar un extractivismo que genera enclaves, poco empleo, daño ambiental y social y excesiva concentración de la riqueza; y para ello se deben promover sectores como el turismo, la agricultura, la industria nacional y los servicios, en especial pequeña y mediana empresas, que son más intensivos en empleo y donde debe empujarse un avance tecnológico vinculado a la riqueza de nuestra diversidad ecológica y cultural, para lo cual fomentar cooperativas y asociatividad es fundamental.
La propuesta de tres ejes implica un ordenamiento lógico, pero hay medidas claves que sirven a varios objetivos al mismo tiempo; por ejemplo, políticas para mejorar los salarios mediante una actualización de la RMV y facilitar la sindicalización y negociación colectiva, sirven a los tres ejes, ya que elevan la demanda interna y favorecen así la reactivación, mejoran la distribución del ingreso e incentivan que la industria y otros sectores procuren mejores tecnologías. Otro ejemplo es la inversión en infraestructura para la masificación del gas natural, que reduce los costos empresariales de manera descentralizada favoreciendo su reactivación, sustenta una diversificación hacia nuevos rubros como la petroquímica y a la vez reduce los costos de energía de los hogares populares; y similar sentido tiene una necesaria política para aprovechar nuestras potencialidades en energías limpias como la solar, la eólica y la geotérmica.
En las elecciones del 2021, la propuesta que hicimos para la candidatura de Verónika mantuvo estas mismas líneas matrices, pero se adecuó a las condiciones de la coyuntura que, recordemos, estaban marcadas por una pandemia que se llevó a más de 200,000 compatriotas mostrando la fragilidad extrema de nuestro sistema de salud pública y estado, y generó una enorme pérdida de empleos, aguda recesión y empobrecimiento masivo, agravados por la negativa a dar un apoyo oportuno y suficiente a los hogares populares como el ´bono´ universal de mil soles que en su momento propusimos desde el Nuevo Perú y la izquierda democrática. En ese momento, los primeros meses del 2021, las principales medidas inmediatas consistían en reforzar muy fuertemente el sistema de salud y poner todo el empuje necesario en lograr una vacunación universal lo más pronto posible, junto con otorgar un bono de amplia cobertura, dirigido a los ciudadanos superando los limitados bonos familiares anteriores. La propuesta apuntaba a reactivar la economía atendiendo tanto los problemas de oferta – afectada por la pandemia y las medidas de distanciamiento físico – como los de demanda, con una inyección rápida de dinero a las economías populares. Habiendo quedado fuera en la primera vuelta, aplicamos esas medidas en los primeros meses del gobierno de Castillo teniendo como compañero firme al entonces ministro de salud Dr. Hernando Cevallos. Logramos en corto tiempo una vacunación amplia que hizo que la tercera ola del Covid19 tuviera un nivel de hospitalizaciones y mortalidad muchísimo menor y que logremos acelerar el crecimiento económico, cuya proyección para el 2021 había sido establecida por el gobierno anterior en 10,0 por ciento y que alcanzó el 13,3 por ciento, con plena recuperación del empleo formal.
La propuesta era, sin embargo, empalmar ese esfuerzo de corto plazo en el marco de una emergencia nacional, con una propuesta de mediano plazo, para lo cual se plantearon hacia el cuarto trimestre del 2021, ya asegurados los objetivos anteriores, dos iniciativas fundamentales, la Reforma Tributaria para que la minería y el gran capital paguen algo justo y se facilite el aporte de las pymes, y la Segunda Reforma Agraria, que consistía en una política de fuerte promoción a la pequeña agricultura familiar, que es la que alberga más pobreza, genera más empleos y se orienta principalmente a abastecer el mercado interno. El entonces presidente Pedro Castillo no asumió a cabalidad ninguna de las iniciativas, y apenas iniciado el 2022 les dio totalmente la espalda, optando por una política de componendas con grupos de diverso pelaje ante acusaciones de corrupción referidas a personajes cercanos a él y con indicios de su propio involucramiento.
¿Qué ha cambiado hasta hoy, avanzado el 2023, pensando en una propuesta de programa económico? Empecemos por lo más obvio. Tenemos un gobierno, basado en un pacto Ejecutivo-Congreso-Poder Económico, ilegítimo y repudiado por la enorme mayoría de peruanos. Pero, aunque la enorme mayoría de gerentes de grandes empresas apoya el gobierno y su retorno a una política neoliberal anti-trabajadores, los datos muestran que no invierten en las condiciones actuales de alta ingobernabilidad e inestabilidad política. Hoy, el primer punto de cualquier propuesta económica es político, siendo indispensable retornar a un nivel de gobernabilidad democrática que sólo puede ser conseguido mediante nuevas elecciones generales, mientras antes mejor.
La segunda característica de la coyuntura es que, nuevamente, estamos en recesión. Logramos salir el 2021 pero ya volvimos a caer. El PBI se ha ido para abajo desde fines del 2021; en los primeros ocho meses de este año ha caído en – 0,6 por ciento según la cifra oficial del INEI. Entre enero y agosto la industria no primaria produjo 9 por ciento menos, la construcción 9 por ciento menos y la agricultura 4 por ciento menos, siendo muy seriamente afectados los medianos y pequeños productores de arroz (-5 por ciento), papa (-12 por ciento) y maíz (-10 por ciento).
La recesión en el sector industrial y construcción se debe a una demanda interna reducida, debido a que los salarios no han subido el último año mientras la inflación de 5% se ha comido su capacidad de compra. Enfrentados a menor demanda, los empresarios reducen su producción. A su vez, esto afecta el empleo; debiendo producir menos, las empresas reducen horas extras, no renuevan contratos y postergan inversiones. Por eso -junto con lograr un gobierno y un congreso legítimos- una alternativa económica nuevamente tiene que poner un énfasis importante en la reactivación; que en el corto pasa por elevar la demanda. Elevar de manera efectiva la inversión pública, mejorar en serio la educación y salud pública para que la necesidad de enfrentar problemas urgentes no drene los bolsillos de las familias y tener una política laboral activa que mejore los sueldos y salarios, son las medidas clave en este sentido. El costo del crédito debe reducirse, con un giro acelerado en la política monetaria y nuevos mecanismos financieros masivos (y no a cuentagotas e ineficaces) para las pymes y el agro.
Siendo estas medidas reactivadoras, deben engancharse con la propuesta redistributiva. Las propuestas señaladas generan costos al presupuesto público, lo que resalta la necesidad de una reforma tributaria (como logró Gustavo Petro en Colombia). De esta manera, además, se tiene que lograr la sostenibilidad fiscal de las políticas necesarias para que el derecho a la educación, la salud y la protección social estén efectivamente garantizados, y también para la promoción de sectores económicos que diversifiquen nuestra producción.
En las políticas de diversificación productiva, resulta esencial darle prioridad a los pequeños y medianos agricultores de la costa, sierra y selva. Es un grupo en el cual los niveles de pobreza y vulnerabilidad son más altos. Es además un grupo que sufre exclusión histórica y que por ello tiene un enorme descontento respecto a lo (poco) que queda de la democracia peruana, por lo que requiere, lo antes posible, un estado que responda ante sus problemas. Añadamos a esto el cambio climático que vemos ahora, y el probable Fenómeno El Niño que se nos viene, los va a golpear nuevamente, y lo mejor es actuar desde ahora. Logrando una mayor producción de alimentos básicos como arroz y papa se ayudará a controlar la inflación en estos rubros clave que afectan mucho a los trabajadores urbanos. Hay además potencialidades por nuestra diversidad ecológica y cultural. Otorgarles créditos y seguros accesibles, mejores sistemas de comercialización y articulación con mercados urbanos, promoción de nuevas tecnologías, caminos rurales e irrigaciones de mediano y pequeño tamaño, tienen una urgencia mayor ahora. El riesgo de una seria escasez hídrica ya lo tenemos encima, y hay opciones de captura de agua, de represas y canales mejorados, de riego tecnificado, que deben ponerse en marcha ahora y no cuando se agrave su empobrecimiento y afecte el abastecimiento de las ciudades.
Otros sectores, como la industria, los servicios, el turismo y la construcción, también requieren una política promocional. Sólo con más crecimiento en sectores urbanos intensivos en empleo y con nuevas políticas hacia las pequeñas y medianas empresas en general, las cooperativas y asociaciones, podremos avanzar en reducir la informalidad. Hay varias medidas necesarias en ese sentido que hemos sustentado en el pasado y que aún no se han aplicado ampliamente, como crédito facilitado por un banco de desarrollo, mejor infraestructura y adecuar las normas tributarias y regulatorias, a lo que hoy debe añadirse la promoción y regulación de nuevas herramientas de Inteligencia Artificial en la innovación tecnológica. También será necesario un giro en nuestra política comercial en concordancia con la nueva realidad internacional, marcada por el fin del “libre comercio basado en normas de la OMC” y la transición hacia un mundo basado en bloques, frente a lo cual el reforzamiento de las relaciones en la región adquiere la mayor importancia. En ese marco, una minería cuidadosa del ambiente y respetuosa de los pueblos y sus decisiones puede servir para una reubicación del Perú en el mundo, como ha hecho Gabriel Boric en Chile aprobando una estrategia nacional del litio y firmando acuerdos con China para su industrialización.
Termino recordando que el Perú se encuentra en un momento particularmente difícil, aún más que por la economía, por la política. Enfrentamos un gobierno ilegítimo, con clara responsabilidad en decenas de asesinatos de peruanos que protestaban en ejercicio de sus derechos, amarrado a un congreso totalmente repudiado y donde predominan intereses particulares. Este gobierno, que combina la defensa de los grandes monopolios con beneficios especiales a sus allegados, sólo agrava los problemas del país, sumando recesión, desempleo y empobrecimiento a su socavamiento de la democracia, y por eso el repudio que provoca sólo irá creciendo. La supuestamente “verdadera izquierda” de Cerrón ha mostrado un total oportunismo, aliándose al fujimorismo y la ultra-derecha por unas cuantas migajas de poder que ese personaje cree le ayudarán a librarse de las sentencias de corrupción que acumula. Ante esta situación, se necesita una estrategia de defensa y recuperación de la democracia, la que debe ir acompañada de propuestas orientadas a ampliar oportunidades económicas para las mayorías, atender sus necesidades básicas y reducir las desigualdades. Sólo así se logrará la convocatoria popular indispensable; y es en esa línea que desde una posición de izquierda democrática aportamos con estas ideas para abrir un diálogo sobre alternativas concretas para la economía nacional.